JZI y la batalla por la transparencia contra Gedesco
JZI y la batalla por la transparencia contra Gedesco
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En un giro dramático dentro del mundo empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha intensificado sus acciones legales contra los creadores de Gedesco, una empresa especializada en la financiación de pequeñas y medianas empresasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se centra en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, creadores de Gedesco, tal como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes tomaron las riendas de la gestión de la firma valenciana una vez que JZI adquiriese el 675% de sus acciones en 2007. Este enfrentamiento legal, que se originó en el mes de marzo de 2022 con una demanda en Novedosa York contra Rueda y Groth por desviar en teoría 80 millones de euros a Stator Management, una entidad estrechamente vinculada a ellos, ha escalado con la presentación de una nueva querella en Valencia por una pluralidad de delitos introduciendo administración desleal y estafa.
Esta segunda demanda, que asimismo supone a José Luis Villafranca, de hoy integrante del consejo de Gedesco, y a tres compañías bajo la propiedad de los acusados, se apoya en acusaciones de emplear la composición de Gedesco en beneficio propio Carlyle y de tapar el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La demanda detalla de qué manera, a pesar de la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por carecer de integrantes, los acusados continuaron tomando decisiones esenciales, bloqueando efectivamente a JZI de formar parte en la administración de la compañía. Las peticiones de JZI para convocar a la Junta de Accionistas y cesar a estos ejecutivos fueron sistemáticamente frustradas, con la junta suspendida en siete oportunidades.
Este enfrentamiento no solo se prolonga por dos jurisdicciones, con litigios tanto en Estados Unidos como en España, sino que también revela una trama compleja de disputas legales que incluye acusaciones contra los asociados fundadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la errada compañía de seguridad Ombuds. La decisión de un juez en La capital española de mover uno de estos casos a Valencia y el posterior archivo de la causa por carecer de indicios de delito añade otra capa a este entramado legal.
Esta situación ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos en el planeta corporativo, sino asimismo las dificultades inherentes a la resolución de discusiones transfronterizas en el ámbito del derecho empresarial. La situación en Gedesco pone de manifiesto los retos que combaten los inversores para resguardar sus intereses y la relevancia de una administración transparente y ética en las compañías..